2004 2016

Sobre la obligación de legalización de LIBROS y las consecuencias de su incumplimiento.

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Los empresarios cuando constituyen una sociedad deben cumplir con diferentes obligaciones de tipo laboral, contable, fiscal. Lo que muchos empresarios desconocen es que TODAS las sociedades, con independencia del tamaño, su forma jurídica o de su actividad, deben llevar los Libros Contables y Societarios y legalizarlos en el Registro Mercantil antes del 30 de abril del año siguiente a la finalización de un ejercicio.

En el trato diario con nuestros clientes observamos como un porcentaje importante están concienciados y se preocupan por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y laborales, (ej. Liquidación de IVAs, el impuesto de sociedades, dar de alta a los trabajadores en la seguridad social, etc…), no obstante tienen un desconocimiento prácticamente absoluto en sus obligaciones referentes a la llevanza y legalización de los Libros.

La legalización de dichos Libros no es una posibilidad, o una recomendación para “llevar al día” la compañía, sino que es una obligación legal cuyo incumplimiento puede conllevar graves consecuencias, tanto para la empresa como para sus administradores, entre los que destacamos:

  • Incidencia en la calificación culpable del concurso de acreedores.
  • Constituye una infracción grave a nivel tributario.
  • Aplicación de sanciones tributarias.
  • Posibles conflictos de validez de los acuerdos societarios entre socios.

Con la publicación de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización se introdujeron bastantes novedades en el trámite de legalización de los Libros, la más importante es la obligatoriedad de legalizar todos los Libros relativos al ejercicio 2015  y siguientes de manera telemática.

Las constantes novedades legislativas no dejan de ser un problema más para las empresas, dado que habrán de invertir recursos, tiempo y esfuerzos en formación, adquirir los recursos informáticos necesarios para conectar con el Registro Mercantil, así como adquirir conocimientos en materia de Secretaria de Sociedades […]

804 2016

Se estima la nulidad de las CLÁUSULAS SUELO en una macrodemanda interpuesta contra 40 bancos y cajas

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La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (Adicae), interpuso en el año 2010 una macrodemanda, con 15.000 afectados, solicitando la nulidad de las cláusulas suelo de sus préstamos bancarios que les impedía beneficiarse de las bajadas del tipo de interés.

La demanda fue turnada al Juzgado Mercantil número 11 de Madrid, cuya titular es la Magistrada-Juez Doña Carmen Gonzalez Suarez, quien tras diez meses de la finalización del juicio ha dictado Sentencia estimando parcialmente la demanda y declarando nulas las cláusulas suelo que utilizaban 40 bancos y cajas en sus condiciones generales. 

La precitada Sentencia considera nulas dichas cláusulas por su carácter abusivo y la “falta de transparencia”, asimismo obliga a las entidades financieras a eliminar las cláusulas suelo de los préstamos y a cesar en su utilización. No obstante dicha Sentencia podría suponer un jarro de agua fría para bancos y cajas dado que también les obliga a devolver “las cantidades indebidamente abonadas por las cláusulas declaradas nulas a partir de la fecha de publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, con los intereses que legalmente correspondan”.

Dicha resolución se haya en plena concordancia con la conocida Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que fijó doctrina al declarar que los usuarios afectados podrían recuperar el dinero invertido a partir de su publicación (mayo de 2013). No obstante es de esperar que en los próximos meses el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la retroactividad total de las demandas de cláusulas suelo.

La Sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número 11 de Madrid todavía no es firme y las entidades financieras […]

404 2014

Anteproyecto de Reforma de LOPJ

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El pasado 4 de abril el Gobierno aprobó un anteproyecto de la Ley Orgánica de Poder Judicial que en caso de consolidarse y entrar en vigor, supondrá una profunda modificación de la Administración de Justicia, causando previsiblemente un impacto en todos los operadores jurídicos, tanto justiciables como profesionales del derecho en sus distintas vertientes (jueces, letrados, secretarios judiciales etc…).