El pasado 4 de abril el Gobierno aprobó un anteproyecto de la Ley Orgánica de Poder Judicial que en caso de consolidarse y entrar en vigor, supondrá una profunda modificación de la Administración de Justicia, causando previsiblemente un impacto en todos los operadores jurídicos, tanto justiciables como profesionales del derecho en sus distintas vertientes (jueces, letrados, secretarios judiciales etc…).